Aunque las llamadas SPAM aleatorias fueron prohibidas hace casi dos años, siguen siendo un dolor de cabeza para muchos usuarios, aunque con menos frecuencia. Sin embargo, la legislación diseñada para combatir este tipo de prácticas no ha logrado erradicarlas completamente. Esto se debe a que algunas empresas han encontrado resquicios legales para seguir llevando a cabo estas llamadas, especialmente cuando el usuario acepta sin saberlo los permisos para recibirlas al aceptar cookies o los términos y condiciones en ciertos sitios web.
A pesar de que existen compañías que siguen realizando estas llamadas de manera ilegal, también se ha avanzado en la protección contra ellas. Los dispositivos móviles han incorporado tecnologías de detección de llamadas SPAM, lo que facilita la identificación de números molestos antes de contestar. A pesar de ello, estos sistemas no son infalibles, lo que lleva a que muchas personas respondan a números desconocidos solo para encontrarse con una llamada comercial no deseada.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido dar un paso más en la lucha contra el SPAM telefónico. En declaraciones recientes, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, confirmó que se implementará una nueva medida para prohibir las llamadas comerciales desde números móviles. Esta nueva normativa, que se aprobará este mes de febrero, permitirá a las empresas utilizar únicamente números que empiecen con +800 y +900 para sus comunicaciones comerciales, identificándolas claramente como llamadas de atención al cliente y facilitando su detección por parte del usuario.
La normativa también incluye medidas adicionales para bloquear los números de teléfono no asignados o no registrados oficialmente, y restringirá las llamadas y mensajes SMS que provengan de números nacionales pero que tengan origen internacional, un canal común para las estafas telefónicas. Con estas acciones, el objetivo es reducir las estafas y suplantaciones, dándole más control al usuario sobre las llamadas que recibe.
*Información tomada de El Economista, en su artículo publicado el 7/02/2025
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